Masacre en la amazonía
Genaro Bautista / AIPIN
A dos meses de la masacre de medio centenar de indígenas en Bagua, todo apunta a que el hecho quedará totalmente impune y el presidente del Perú, Alán García Pérez absuelto.
Alberto Pizango, presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se vio obligado a salir de Perú y pedir asilo a Nicaragua.
El dirigente de AIDESEP está acusado por el gobierno de su país, por los presuntos delitos de instigación, secuestro, extorsión y disturbios, según informó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Amazonas, Oswaldo Bautista Carranza.
El 5 de junio del 2009, a eso de las 5:30 de la mañana, un helicóptero de las fuerzas policiales del Perú, abrió fuego contra 2, 500 indígenas concentrados en la zona, matando a decenas de personas y fue la señal para que otros efectivos atacaran por tierra a los manifestantes, que durante 55 días mantenían su protesta por los decretos legislativos que facilitaban a trasnacionales la explotación de los recursos naturales del amazonas.
Las acciones se desarrollaron en el lugar conocido como La Curva del Diablo, en la región del Amazonas del Perú.
Lo que para analistas amazónicos, defensores de los derechos humanos y otros actores políticos, se asemeja a un genocidio, para el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, “no existen elementos” para hablar de un genocidio de los indígenas de la Amazonía peruana.
Anaya, indígena del pueblo apache de los Estados Unidos de Norteamérica, quien suple en el puesto al mexicano Rodolfo Stavhenagen, enfatizó “como jurista yo no encuentro pruebas de los elementos de genocidio, del intento de exterminar a un pueblo como tal”, señaló. El comentario de James Anaya, permitió al gobierno peruano a salir absuelto de esa acusación.
En voz del Canciller peruano José Antonio García Belaúnde, el relator de la ONU había dicho que no hubo genocidio en Bagua Grande, pretendiendo cerrar el caso.
Inmediatamente James Anaya, hizo un llamado a las autoridades peruanas a hacer una "investigación exhaustiva" por las matanzas de nativos y policías en Bagua Grande.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU, define que “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
Apunta la Convención emitida por las Naciones Unidas, “que las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en su articulado, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción”.
Sin embargo, para James Anaya no existió genocidio, a lo más violaciones de derechos humanos para lo cual se debe crear una comisión imparcial para estudiar los hechos.
El traspié del relator de la ONU, exonera a Alán García y se percibe que los crímenes de lesa humanidad contra los amazónicos peruanos quedarán en la impunidad.
La matanza en Bagua y las persecuciones posteriores en ésta provincia y la de Utcubamba, fueron informadas al relator durante su visita in situ al Perú, efectuada del 17 al 19 de junio.
James Anaya sostuvo encuentros para conocer las distintas versiones con el Congreso; de miembros de la Comisión Multipartidaria; de la Comisión de Constitución del Congreso de la República; del Ministro de Relaciones Exteriores; de la Ministra de Justicia; de la Ministra de Comercio, Exterior y Turismo; de la Ministra del Interior; del Ministro de Defensa; del Primer Ministro y de la Fiscal de la Nación
También se reunió con la Defensoría del Pueblo, organismo civil que en todo momento estuvo al frente con las organizaciones indígenas de este país sudamericano.
El relator conversó con organizaciones y pueblos indígenas y de la sociedad civil, incluida en la región de Bagua, en donde pudo entrevistarse con varias personas que estuvieron presentes en los enfrentamientos del 5 de junio, según menciona en su reporte.
A todo esto, la mayoría de los medios de comunicación, se mantuvieron al margen e incluso muchos de ellos se alinearon a los dictados del Gobierno, culpando del enfrentamiento a los indígenas amazónicos.
Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, fueron determinantes para que la versión no oficial traspasara las fronteras.
Gracias a esto, de inmediato llegó la solidaridad internacional.
Jóvenes indígenas de Guatemala, de México, lo mismo que organizaciones participantes en la recién IV Cumbre de Pueblos Indígenas del Abya Yala, celebrada en Puno, Perú, respondieron al llamado de la Coordinadora Amazónica de Organizaciones Indígenas (CAOI).
Desde diferentes espacios, se hizo una condena pública al genocidio y terror del presidente Alán García.
El Comité de la Juventud de la Convergencia Waqib’ Kej de Guatemala miembro de la Coordinadora de la Juventud Originaria del Abya Yala, expresó el apoyo a los pueblos originarios de la Amazonia del Perú en su legítimo e histórico derecho de resistencia por la defensa de los territorios y autonomía.
Demandaron la inmediata intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y censuraron al gobierno de Alan García y sus fuerzas represivas ante este nuevo hecho de sangre cometido en contra las comunidades originarias de Abya Yala (América).
En el mismo sentido, se pronuncio el grupo ECUARUNARI, del Ecuador rechazando la actitud genocida del Perú contra indígenas de la Amazonia
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